La fiscalía había solicitado 20 años de cárcel y la querella había pedido 50, considerando la gravedad de los hechos y el daño sufrido por Prandi y sus hijos. Según la investigación, los abusos se produjeron entre 2015 y 2018 en la vivienda de la pareja en un barrio privado de Escobar, y se caracterizaron por violencia física, psicológica y simbólica.

Durante el juicio, se detalló cómo Contardi ejerció un control absoluto sobre la vida de Prandi, limitando su contacto con familiares, manipulando su rutina diaria y sometiéndola a relaciones sexuales bajo amenazas. La querella aseguró que el acusado es incapaz de ser resocializado y que su detención es imprescindible para garantizar la seguridad de la víctima.

El proceso judicial, iniciado en 2021 tras la denuncia de Prandi, concluye ahora con una condena que refleja la magnitud de los delitos cometidos y la larga lucha de la víctima por justicia.