El fiscal ratificó que se investigará la denuncia presentada por el Ejecutivo, pero fue categórico al señalar que la Justicia no puede vulnerar el derecho constitucional que protege las fuentes periodísticas.

“No se puede hurgar en las fuentes de los periodistas”

En su dictamen, Stornelli explicó:

“Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo, así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores. Pero no se puede hurgar en las fuentes de los periodistas, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice”.

El fiscal recordó que la inviolabilidad del domicilio y la protección de las fuentes de información son garantías constitucionales, salvo orden fundada de juez competente, lo que en este caso no corresponde.

La denuncia contra Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica tras solicitar allanamientos a los periodistas y a los estudios de Carnaval Stream, responsables de difundir los audios que complican a Karina Milei.

El abogado Gregorio Dalbón denunció a Bullrich por abuso de autoridad, calificando el pedido como un intento de “amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”.

En su presentación, el letrado sostuvo que las medidas reclamadas por el ministerio –allanamientos, incautación de servidores, discos rígidos y equipos de edición– son “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

Además, advirtió que el Ejecutivo pidió incluso una cautelar para prohibir la difusión de los audios, lo que a su juicio constituye un claro acto de censura previa.

El trasfondo: Karina Milei bajo la lupa

El caso que originó la denuncia tiene como epicentro a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde la hermana del Presidente, Karina Milei, aparece mencionada en grabaciones que la vinculan con presuntas maniobras de coimas.

La decisión de Stornelli representa un revés para el Gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, que buscaban endurecer la respuesta judicial contra los medios que difundieron el material.

Por ahora, la investigación continuará, pero sin avanzar sobre los periodistas ni sobre sus fuentes.