El juez Bernardo Bibel, confirmó este lunes a Ecos Diarios, la medida dispuesta y explicó que se tomarán los recaudos necesarios para que esto “no obstaculice la operatoria portuaria y no perjudique a terceros”.

La medida judicial se originó a raíz de una denuncia presentada por la firma Aerospace Cargo S.A., prestadora de servicios de remolque marítimo, que reclama una deuda superior al millón de dólares contra una agencia marítima local encargada de la gestión operativa del buque.

Fuentes vinculadas al ámbito portuario confirmaron que el conflicto se relaciona con servicios de remolque impagos correspondientes a 25 embarcaciones que operaron con cargas de fertilizantes en distintos puertos del país. Según trascendió, la empresa marítima no habría abonado los honorarios de los remolcadores utilizados para las maniobras de ingreso y egreso de los buques.

Ante esta situación, el Ocean Royal quedó interdicto por disposición del Juzgado Federal, mientras se garantiza el cumplimiento de las obligaciones reclamadas. La Prefectura Naval Argentina ejecutó la orden de embargo directamente en el muelle de Quequén, impidiendo que el navío zarpe hacia aguas abiertas.

El juez Bernardo Bibel, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, ante la posibilidad de que la medida obstaculice el desarrollo de la operatoria portuaria existe la posibilidad de movilizar el buque a rada, bajo la custodia de la Prefectura Naval Argentina, y quede “inmovilizado para que no pueda zarpa”.

Preocupación

“La empresa desconocía totalmente la existencia del reclamo. Es una medida que afecta a un tercero sin vínculo operativo ni económico con Bunge”, aseguró una fuente cercana a la operación.

El embargo generó preocupación entre exportadores y operadores del puerto, ya que este tipo de medidas judiciales puede alterar los cronogramas de carga y descarga, además de demorar la rotación de embarcaciones.

De acuerdo con la información recabada, Aerospace Cargo S.A. había iniciado gestiones extrajudiciales hace varios meses por facturas impagas correspondientes a servicios de remolque prestados a barcos consignados por la misma agencia. Ante la falta de respuesta, la empresa recurrió a la Justicia Federal de Necochea, que dispuso el embargo precautorio sobre activos o embarcaciones bajo responsabilidad de la agencia deudora.

La resolución establece que el buque permanecerá detenido hasta que se efectivice el pago de la deuda o se deposite una caución suficiente para cubrir la suma reclamada.

Desde el sector marítimo de Quequén no descartan que el caso derive en nuevos reclamos entre agencias, armadores y cargadores. 

Por el momento, el Ocean Royal continúa amarrado y sin autorización para zarpar, a la espera de que se cumplan las condiciones impuestas por el juzgado federal.

Por su parte, el juez Bibel explicó a Ecos Diarios que el reclamo podría resolverse en unos 10 días./