La decisión del jefe comunal no sorprendió en el ámbito político local. Días antes de la votación en el Concejo, Rojas había cuestionado con dureza los cambios impulsados por la oposición, al advertir que alteraban el marco legal vigente y podían generar incertidumbre en los potenciales oferentes. Según su postura, modificar las reglas a último momento atentaba contra la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones y avanzar en la recuperación del histórico complejo.

Qué proponían los cambios rechazados

Entre las modificaciones vetadas figuraba la incorporación de plazos obligatorios para que el comprador iniciara tareas de demolición o restauración del edificio, con sanciones económicas en caso de incumplimiento. También se había planteado que cualquier cesión del boleto de compraventa requiriera autorización del Concejo Deliberante, quitándole esa atribución al Departamento Ejecutivo.

Otro punto cuestionado fue la limitación de las exenciones impositivas por 15 años, que solo podrían ser usufructuadas por el comprador original y no transferirse a terceros. A esto se sumaba la creación de un Fondo de Reparación Histórica, alimentado con los recursos de la venta del Casino, cuya asignación de obras quedaría en manos de una comisión especial integrada por concejales de todos los bloques.

Desde el Ejecutivo, estos cambios fueron considerados incompatibles con la ordenanza vigente, que establece que el 70% de los fondos de la subasta se destinarán a obras municipales y el 30% a recursos de libre disponibilidad, con prioridad en servicios esenciales, bajo decisión del gobierno local.

La subasta mantiene su cronograma

Con el veto ya definido, las modificaciones quedan sin validez y el proceso de subasta continuará conforme a la Ordenanza 12.009/25. En ese marco, el remate del Complejo Casino está previsto para el 11 de febrero en el Salón de Actos de la Municipalidad.

La resolución del intendente vuelve a colocar al Casino en el centro del debate político local y deja expuesta la diferencia de criterios entre el Ejecutivo y la oposición respecto a cómo debe encararse la venta y el destino de los recursos, en una iniciativa clave para el futuro urbano y económico de la ciudad.