El incidente provocó el desprendimiento de material y el derrame de mercadería en una zona operativa del puerto, sin que se registraran personas lesionadas. Para el espacio político, el episodio puso en evidencia el estado de desgaste de una infraestructura clave para la operatoria exportadora de la región.

En un comunicado difundido en las últimas horas, La Libertad Avanza sostuvo que la situación es consecuencia directa de un sistema de concesión “prolongado y sin control efectivo”, al que atribuyeron la falta de inversiones necesarias para el mantenimiento estructural de los silos. Según indicaron, se trata de contratos de larga duración que habrían sido extendidos en el tiempo sin convocar a una licitación pública que permita renovar condiciones y exigir obras de fondo.

También cuestionaron la respuesta posterior al colapso. Desde el espacio señalaron que la remoción del material se realizó sin que se informara públicamente si se efectuaron estudios técnicos independientes para determinar las causas del derrumbe ni si se evaluaron eventuales impactos ambientales derivados del episodio.

Las críticas incluyeron además a la conducción saliente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. En ese punto, remarcaron que, antes de concluir su mandato, se dispuso una nueva prórroga del permiso precario de uso de las instalaciones, decisión que —según plantearon— evitó avanzar en un proceso administrativo regular para licitar la concesión.

Si bien reconocieron que no hubo víctimas, advirtieron que el hecho debe ser interpretado como una señal de alarma. En ese sentido, anunciaron que impulsarán medidas para que el Estado nacional intervenga en la administración del puerto, con el objetivo de auditar la situación contractual, evaluar el estado real de las estructuras y avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio con mayores exigencias de inversión y control.

Desde La Libertad Avanza concluyeron que el colapso del silo no es un evento aislado, sino una manifestación de un problema estructural que, a su entender, compromete la seguridad operativa y la transparencia en la gestión de una de las principales terminales portuarias del sudeste bonaerense.