En declaraciones al matutino local Ecos Diarios, el funcionario remarcó que el proceso cuenta con un respaldo normativo claro desde su origen, a partir de la sanción de la Ordenanza Nº 12.009/25, que autorizó la venta del inmueble y fue tratada públicamente en el ámbito legislativo local.

“Nadie puede alegar desconocimiento del tema, ya que toda la información se encuentra disponible de forma libre y gratuita”, sostuvo Povilaitis, al tiempo que recordó que tanto la ordenanza como su decreto promulgatorio fueron publicados en los boletines oficiales municipales y provinciales, además de difundirse mediante edictos en medios gráficos locales.

Amplia difusión y acceso a la información

El secretario destacó que la subasta del Complejo Casino se desarrolló bajo estándares inéditos de publicidad institucional. A las publicaciones obligatorias se sumó la incorporación de un código QR en los edictos, que permite acceder directamente a toda la documentación vinculada al proceso: antecedentes, normas y condiciones de la subasta.

Asimismo, señaló que el municipio habilitó un sitio web oficial con toda la información correspondiente y llevó adelante una intensa campaña de difusión a través de gacetillas de prensa, cartelería y acciones comunicacionales, a lo que se agregaron las gestiones realizadas por la martillera pública designada, Mariana Ortega.

“Esto demuestra que no solo se actuó con absoluta transparencia, sino que se garantizó el libre acceso a la información para cualquier interesado”, afirmó Povilaitis, quien calificó como “temerario” sostener que existieron irregularidades o conductas ilegales por parte del Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo.

Un procedimiento legal y habitual

El funcionario explicó que la subasta pública “no es un procedimiento novedoso ni excepcional”, sino una herramienta legal utilizada en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Se trata de una venta lisa y llana de un bien del dominio privado municipal, en el estado en que se encuentra”, precisó, mencionando antecedentes en distritos como Tandil, Mar del Plata, Balcarce y San Cayetano.

En ese sentido, aseguró que la Municipalidad de Necochea cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y aclaró que no existe obligación legal de convocar a una audiencia pública para este tipo de operaciones.

Indicadores urbanísticos

Otro de los puntos abordados fue la discusión sobre los indicadores urbanísticos y los cuestionamientos planteados por algunos sectores. Al respecto, Povilaitis aclaró que la subasta se realiza con los usos e indicadores actualmente vigentes, tal como lo establece expresamente la ordenanza.

Cualquier modificación futura, explicó, deberá ser evaluada por los organismos provinciales competentes y requerirá la sanción de una nueva norma local. “Esto surge de manera clara del texto de la ordenanza, por lo que hablar de ocultamiento o irregularidades demuestra una evidente mala fe”, afirmó.

Estado del edificio y necesidad de intervención privada

En relación con el carácter patrimonial del Complejo Casino, el secretario recordó el avanzado estado de deterioro del edificio y la imposibilidad material del Estado municipal de afrontar su recuperación.

En ese marco, justificó la desafectación del régimen patrimonial como una decisión necesaria para permitir su puesta en valor mediante la intervención de capitales privados. “Lejos de perjudicar a la ciudad, esta decisión apunta a rescatar un edificio emblemático que hoy es una verdadera antipostal de Necochea”, señaló.