Rojas explicó que el procedimiento se encuentra en una etapa decisiva, con el cierre del plazo para la presentación de garantías de oferta por parte de los interesados, previo a la subasta prevista para el miércoles a las 15 en el Salón de Actos municipal. Según indicó, existieron múltiples consultas de inversores regionales, nacionales y locales, algunos incluso vinculados a la actividad del juego, aunque aclaró que el valor de tasación “está por encima del mercado”, lo que reduce la posibilidad de una gran cantidad de oferentes.

En relación a la acción judicial presentada por la vecina Susana Laborde, el intendente fue categórico al señalar que se trata de una maniobra “sin ningún tipo de asidero legal”, con una clara intencionalidad política. Remarcó que no hubo ordenanza con mayor nivel de difusión que la Nº 12.009, que autorizó la subasta, ya que fue publicada en los boletines oficiales municipales y provinciales, en la web del municipio y acompañada por edictos con código QR que permiten acceder a toda la documentación respaldatoria. A ello se sumó, además, la amplia campaña de difusión realizada por la martillera pública designada.

El jefe comunal sostuvo que la subasta se realiza “en las condiciones actuales del inmueble y con los indicadores urbanísticos vigentes”, tal como lo establece expresamente la ordenanza. En ese sentido, aclaró que cualquier desarrollo futuro, como la construcción de nuevos edificios, requerirá previamente la aprobación de nuevos indicadores por parte de la Provincia de Buenos Aires, la sanción de una nueva ordenanza local, la presentación de estudios de impacto ambiental y la correspondiente consulta popular no vinculante. “Todo lo que hoy se reclama está previsto para instancias posteriores, no ahora”, subrayó.

Rojas también desmintió que el Complejo Casino pueda considerarse, en su estado actual, un patrimonio histórico a preservar. Por el contrario, describió al edificio como “una ruina” y afirmó que quienes impulsan el amparo, en los hechos, pretenden que continúe en las mismas condiciones de abandono. Recordó que la desafectación del régimen patrimonial se realizó por ordenanza y con el aval de una amplia mayoría del Concejo Deliberante, que aprobó la norma con 18 votos sobre 20.

Otro de los puntos abordados fue el destino de los fondos que se obtengan con la venta. El intendente recordó que, a pedido del propio Concejo, se estableció que el 70% del producido se destine a obra pública y el 30% restante al sostenimiento de servicios públicos esenciales. “Decir que no se sabe qué se va a hacer con el dinero es mentir o no haber leído la ordenanza”, afirmó.

Finalmente, Rojas advirtió que este tipo de presentaciones judiciales generan incertidumbre e inseguridad jurídica, afectando directamente las posibilidades de inversión en el distrito. Recordó antecedentes similares ocurridos durante su gestión, vinculados a obras de infraestructura y desarrollo urbano, que terminaron siendo rechazados por la Justicia. “No se trata de un daño a un intendente o a una gestión, sino a toda la comunidad de Necochea”, concluyó, al expresar su expectativa de que la Justicia rechace rápidamente el amparo y permita avanzar con la subasta.