La medida fue dispuesta por el juez Carlos Herrera luego de admitir una presentación judicial realizada por la militante ambientalista Susana Laborde, quien había solicitado detener el proceso impulsado por el Departamento Ejecutivo municipal.

Con la notificación del fallo a las partes involucradas, el procedimiento administrativo quedó paralizado de manera inmediata. En las próximas horas se conocerán los argumentos legales que fundamentaron la decisión.

La suspensión reabre el debate sobre el destino del edificio, uno de los inmuebles más emblemáticos del frente costero, cuyo deterioro motivó la iniciativa oficial de avanzar con su venta.

Mientras tanto, el escenario queda abierto a la espera de una posible apelación por parte del Municipio y de una nueva definición en sede judicial.