Con la opinión pública distraída y la política discutiendo la suerte judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ala económica del Gobierno nacional dispuso un recorte de gastos en el presupuesto de este año por 210 mil millones de pesos en áreas estratégicas y que, supuestamente, son un bastión para los derechos garantizados que consagra el movimiento popular que puso a Alberto Fernández en el sillón de Roca, transfiriendo los recursos de diversos programas públicos hacia el Tesoro Nacional.

A través de la Decisión Administrativa 826/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada ayer en el Boletín Oficial, el ajuste es dispuesto sobre el dinero que pueden gastar los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat, y lleva las firmas del ministro Sergio Massa y del administrador general del país, Juan Manzur.

En la primera de las áreas, el recorte total asciende a los 70 mil millones de pesos, afectando a programas como el Conectar Igualdad (un baluarte que el Gobierno nacional utilizaba con frecuencia para atacar las políticas educativas de la gestión pasada) en 50 mil millones y al de “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, que pierde 15 mil millones. Los restantes 5 mil millones se “ahorraran” de las partidas asignadas a “infraestructura y equipamiento” de las escuelas.

En Salud, por las raras vueltas del destino, el recorte será de 10 mil millones, monto que estaba destinado a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, a través del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.

Al programa Procrear se le recortarán 50 mil millones, el total del ajuste sobre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y al Transporte 10 mil millones; mientras que la quita continúa sobre el Fondo de Garantías Argentino y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, ambos manejados por la cartera de Producción y a los que se le sacan 70 mil millones de pesos.

Contrarrestando la idea del Presidente, quien declaró en unos de sus discursos que no podían “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país, el presupuesto se achica en 4 mil millones para el desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria, como parte de un paquete que reduce en 20 mil millones de pesos la inversión en Obras Públicas, afectando áreas sensibles como Desarrollo e Infraestructura Ambiental.

Sectores de la oposición en general, y de la izquierda en particular, han salido a criticar duramente esta decisión gubernamental, asegurando los representantes de este último sector que el Frente de Todos está “haciendo los deberes para el FMI, tijereteando el presupuesto nacional”.

“En pos de cumplir con el acuerdo, el gobierno de Todos -con Massa al frente- sacrifica áreas clave para el desarrollo normal de cualquier país. En vez de llevar adelante un plan de obras públicas para terminar con la desocupación, decide recortar el presupuesto para este sector. La reducción del gasto en capital -en inversiones, investigación y desarrollo- para llevar adelante el ajuste implica sacrificar la estructura productiva del país”, argumentan.