“Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. La frase sonó impactante, incluso, en el mismo set televisivo. Con este recurso, el presidente Alberto Fernández ponía en marcha su alegato de defensa para con su vicepresidenta, quien viene de recibir un duro revés al reactivarse la acusación por corrupción en la causa Vialidad. 

Diego Luciani es el funcionario del Ministerio Público que había pedido días atrás una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y fraude al Estado, y al que debieron duplicarle la custodia personal ante las amenazas recibidas. “Si el tema es que alguien está pensando en matar al fiscal, yo lo que le regalaría son algunos tratados del derecho penal”, se jactó el primer mandatario.

Y no terminó ahí: “Él cumple un rol de fiscal en un juicio, me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa”, remató para sumar más escándalo a una entrevista que, por lo menos, fue impactante y estuvo recargada de significados, generando un impacto político masivo e inmediato. 

Tras sus dichos, a los que calificaron de “desagradables y temerarios”, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó en un comunicado su enfático repudio y le exigió respetar el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Si bien este segmento fue el más contundente, la polémica que envolvió en la noche de ayer al mandatario no se terminó con esa frase. “¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa en su gobierno?”, se preguntó, entre otras consideraciones, por lo menos, desafortunadas.

Luego de poner en duda la calidad doctrinaria de Luciani, Fernández también aseguró: “Que una Presidenta haga negocios inmobiliarios con una persona que estaba contratada por el Estado es una cuestión ética no es una cuestión penal”, y aseguró que “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, sino que es víctima de una acción mediática. “Una de las certezas que tengo es que Cristina es una mujer honesta”, dijo. 

 “En mi Gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe, y al día de hoy no tenemos cuestionamientos de ese tipo”, señaló, mostrando orgullo ante una situación que debería ser totalmente normal en la función pública, y volvió a cambiar el eje: “Es momento de que prestemos atención a lo que está pasando con la justicia, porque este juicio es un disparate jurídico”, remató.

La comparación del Covid-19 con el Holocausto

La polémica no se agotó en esa frase. Suelto de cuerpo, el Presidente volvió a comparar los índices de fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, cuyas estimaciones hablan de entre 6 y 10 millones de personas, y dijo: “Se llevó entre uno y dos Holocaustos”, equiparando a quienes perdieron la vida por contagiarse de un virus a la atroz acción criminal de la maquinaria nazi que exterminó, principalmente, a integrantes de la comunidad judía.

La DAIA le había transmitido la semana pasada su malestar por esa comparación: “La matanza sistemática de seis millones de judíos practicada por el nazismo no puede ni debe ser equiparada con otra situación”. Ahora, se espera que la institución vuelva a iterar su pedido al Jefe de Estado y, desde el Gobierno, se retracten con respecto a esta expresión.