En diciembre del año pasado, los tandilenses se movilizaron hacia las puertas del Concejo Deliberante para exigir que no se votara una ordenanza que permitía las fumigaciones a solo 60 metros de las casas, 20 de los cursos de agua, 50 de los pozos y 150 de las escuelas rurales; y un amortiguamiento delimitado entre los 300 y los 500 metros, dependiendo del sector.

Finalmente, ante el descontento popular, la controvertida normativa quedó sancionada por 19 votos a favor y una abstención, entrando en vigencia en la jornada de este 31 de agosto y volviendo a abrir el debate sobre la necesidad de una ley a nivel provincial, una deuda que la Legislatura bonaerense mantiene con la sociedad.

Con la llegada de Axel Kicillof a la Gobernación, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, comenzó a articular algunas acciones para avanzar en ese sentido, pero muy lentamente. Mientras tanto, cada municipio lo regula a su forma, y en ese contexto es que el HCD confeccionó la normativa basándose en los informes de investigadores de la Unicen sobre la presencia descontrolada de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales del distrito.

En cuanto a la ordenanza, establece una serie de multas para quienes hagan uso de productos fitosanitarios en las zonas no permitidas del distrito, con sanciones que van de 5 a 30 sueldos municipales de 30 horas, categoría 4 del escalafón administrativo; que podrían duplicarse en caso de una primera reincidencia o inhabilitar al usuario por un lapso mínimo de 30 días si hay una segunda.

Semanas atrás, el titular de la cartera provincial había brindado un informe de gestión ante los diputados bonaerenses que integran la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara baja, y también se refirió a la necesidad de una nueva normativa. “Creo que están dadas las condiciones para discutir una nueva ley de agroquímicos, estamos promoviendo el debate en los municipios”, afirmó.

Al inicio de la gestión de Kicillof, se creó una mesa de trabajo interministerial y se conformó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) para generar consenso entre los diferentes actores y avanzar en la definición de algunas pautas comunes.

Visualizándose la necesidad de contar con una herramienta que posibilite una representación gráfica que “plasme las regulaciones”, en agosto se lanzó el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la intención de empezar a ordenar el caos de normativas que rigen en los 135 municipios bonaerenses.