El conflicto en Villa Lugano comenzó hace tres días, cuando un grupo de vecinos -que esta mañana eran solo cuatro- decidió cortar la autopista Dellepiane en reclamo por la falta del suministro eléctrico, dificultando la circulación vehicular en un acceso muy transitado, a metros de la nueva, y en desuso, terminal de ómnibus.

Aunque en las últimas horas algunos departamentos habían recuperado el servicio, otros habitantes de la zona acusaban seguir sin luz y sin agua: "Vuelven y se van de manera interrumpida y Edesur no aparece", dijo una vecina a los medios presentes cubriendo la protesta. "Tuve que tirar la insulina", enfatizó otro hombre para mostrar lo dramático de la situación.

Esta tarde, la policía ya había desalojado la arteria y habilitado el tránsito, pero los disturbios entre los manifestantes y los efectivos continuaron al conocerse que había localidades que permanecían sin luz desde hace más de cuatro días.

Pasadas las 19, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por un camión hidrante, avanzaron sin dudar para liberar el corte, triplicando la cantidad de agentes a la de manifestantes. Incluso, por las colectoras aparecieron efectivos motorizados para controlar completamente la situación.

Lógicamente, ante este marco de tensión, hubo algunos vecinos que resisitieron y terminaron detenidos, arrojando un resultado de cinco a lo largo de la jornada. "No somos violentos, solo queremos luz", sostuvo uno de los manifestantes en el lugar en diálogo con TN. 

También sumaban varios los habitantes de Villa Lugano que acusaron tener que comenzar a tirar comida y medicamentos que perdieron la cadena de frío y ya no pueden consumirse: "Si acá pasa algo, la responsabilidad es del gobierno", indicó uno de los indignados por los cortes de suministro eléctrico que aún no encuentran solución. 

La Secretaría de Energía de la Nación, que conduce Flavia Royon, citó a la distribuidora Edesur a una reunión de urgencia: sumarán controles y aplicarán una sanción económica de más de $1000 millones. Además, se conoció que es probable que mediante una resolución se obligue a la presencia permanente de técnicos del ENRE en el lugar para fiscalizar los procesos operativos, dar seguimiento a la atención de reclamos y de intervención en el desempeño frente a los usuarios.