Un tribunal de apelaciones confirmó este miércoles que ocho profesionales de la salud deberán enfrentar un juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en 2020, ratificando los cargos presentados por la fiscalía contra los imputaods, y que fueran avalados por un juez de primera instancia, por el delito de homicidio con dolo eventual.

Los tres miembros de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ratificaron la continuidad de este proceso que involucra al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, entre otros, a quienes se los acusa de haber infringido los deberes en los cuidados del exjugador de fútbol cuando estaba convaleciente de una cirugía, conduciendo así a su muerte que, de lo contrario, hubiese podido evitarse.

El símbolo de la Selección Argentina falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras cumplía una internación en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires, tras una operación en la que se le extrajo un edema craneal.

Los profesionales se enfrentarán a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El equipo de fiscales a cargo de la investigación, coordinado por John Broyad, había solicitado en abril del año pasado al juez de garantías Orlando Díaz que los imputados fueran sometidos a juicio oral y público, mientras que el magistrado dio curso el pedido en junio. Ahora, el tribunal de apelaciones rechazó los planteos de las defensas y ratificó la acusación; y a partir de este fallo, la justicia debe fijar una fecha para el inicio del juicio, que se estima no empezará antes de 2024.

Si bien la autopsia concluyó que Maradona falleció por causas naturales, la justicia inició una pesquisa por impulso de los hijos del exfutbolista y convocó a una junta médica de expertos, la cual concluyó que el desempeño del equipo de salud fue inadecuado y temerario.

Además del neurocirujano y la psiquiatra, el equipo que atendió a Maradona estuvo integrado por el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid. En caso de que un tribunal los encuentre culpables, los profesionales se exponen a penas de entre 8 y 25 años de prisión.