El Gobierno bonaerense decidió prorrogar una vez más y hasta noviembre la suspensión de la Resolución Nº 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada hace casi 5 años por la administración de María Eugenia Vidal y que, tras fuertes polémicas, fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

A través de una nueva resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Agrario volvió a postergar la normativa que regula el uso de los agroquímicos por el término de 60 días, un período que comenzó este 31 de agosto y terminará el último día de octubre.  

La decisión se tomó atento "a la necesidad de extender el plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos que con sustento técnico-científico y resultantes del proceso participativo se propician, producto del trabajo desarrollado desde la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)".

La normativa dicatada a fines de 2018, más permisiva que muchas ordenanzas municipales, había cosechado rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo Gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a "abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios" en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, la administración de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva casi cinco años sin entrar en vigencia. En esa línea también, el Gobierno provincial creó en agosto de 2022 un "proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos" para mapear las normativas vigentes.