El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul levantó la medida cautelar que había detenido la construcción del complejo tenístico en el predio lindero al Club Villa Díaz Vélez, en pleno Parque Miguel Lillo, después de una presentación realizada por la propia institución y la Municipalidad de Necochea.

La propuesta de la entidad naranja, que fuera interpelada por la Asociación para la Conservación del Parque, incluso con un abrazo simbólico en el lugar cuando las máquinas habían comenzado a trabajar, incluye la construcción de varias canchas de tenis, un gimnasio, vestuarios y cafetería.

Desde la entidad recordaron que la inversión, que finalmente no hizo el privado por la incertidumbre con respecto a la medida cautelar, era cercana a los 200 mil dólares. En vistas de ello, la Comisión Directiva se reunió en la noche de este martes para abordar cómo seguirán de aquí en adelante, así como la posibilidad de reflotar el proyecto que es multimillonario en pesos.

Vale traer al presente que la obra había sido parada ante el reclamo judicial de la entidad protectora, desde donde se aducía que esos terrenos eran de uso público, así como manifetaban malestar por el avance de la maquinaria sobre algunos ejemplares que había en ese terreno.

Lo que esgrimió el municipio fue un cambio en la concesión, mediante el que el club se desprendía de parte de predio (la zona entre árboles que se utiliza como sendero, desde el alambrado de la cancha de fútbol y hasta la calle interna del parque) y en contraprestación el Estado local le entregaba esos terrenos en desuso, en la parte trasera del Vivero Municipal para la ampliación del complejo.

El proceso de limpieza comenzó en el 2021, cuando el grupo de ambientalistas decidió llevar el asunto a los tribunales cuestionando el proceso de autorización de la obra y consiguiendo la medida cautelar que estableció la norma de "no innovar". La obra quedó paralizada a la espera de que el municipio aprobara el estudio de impacto ambiental presentado por Villa Díaz Vélez, que consiguió superar ese exámen y solicitó al tribunal la eliminación del mecanismo de protección judicial.

Después de una serie de recusaciones que causaron algunos retrasos, el proceso terminó en manos del tribunal Contencioso azuleño, desde donde finalmente se accedió ayer a eliminar la medida, aunque, como en toda instancia judicial del tipo podrá ser apelada por la Asociación para la Conservación del Parque.