El Gobierno de Javier Milei está evaluando llevar a cabo una revisión técnica en el interior de la base espacial que el régimen chino opera en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, una instalación que desde un principio generó polémica por las sospechas que hay sobre los reales objetivos que tiene el régimen de Xi Jinping para estar en esa zona estratégica.

La estación, presumiblemente destinada a fines científicos y de observación astronómica, es objeto de debate debido a la posibilidad de que se realicen operaciones de vigilancia militar o espionaje, contraviniendo los acuerdos establecidos.

Ahora, Nación quiere inspeccionar las instalaciones para confirmar el cumplimiento de los términos del contrato firmado entre Argentina y China, que estipula que un 10% de los recursos de la base deben ser utilizados por el país sudamericano. La instalación, que ocupa aproximadamente 200 hectáreas, fue concedida a China por 50 años y comenzó a construirse en 2014 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el gobierno de Neuquén, liderado por Rolando "Rolo" Figueroa, manifestó su apoyo a una inspección nacional en la base espacial china, que forma parte de la red de estaciones de espacio profundo del régimen de Xi Jinping, junto con otras dos ubicadas en territorio chino. la patagónica fue inaugurada en abril de 2018 y cuenta con una antena de 35 metros de diámetro que permite misiones de exploración del espacio profundo.

Esta revisión se plantea en un momento de especial atención por parte del gobierno argentino hacia las operaciones y objetivos de dicha estación, ante comentarios del embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, quien expresó su sorpresa por la operación de las Fuerzas Armadas chinas en Neuquén. El Gobierno nacional asegura su intención de respetar el contrato firmado pero subraya la importancia de verificar lo acordado y requiere contar con las garantías de que allí no se realicen operaciones ilegales.

Horas antes del arribo a la Argentina de Laura Richardson, jefa del Comando Sur, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley expuso sin matices esta preocupación: "Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué", afirmó. Y agregó: "Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí".

La base, cuya existencia está envuelta en un halo de misterio, ha sido cuestionada desde su concepción bajo la administración de Cristina Kirchner y el gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino. La instalación comenzó su funcionamiento en 2017 tras acuerdos entre la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el gobierno de Neuquén.

La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación y el reciente enfoque en la seguridad regional por parte de autoridades estadounidenses, incluida la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, intensificó las preocupaciones sobre las actividades de la base. Estas declaraciones subrayan la importancia de clarificar las operaciones llevadas a cabo en la instalación neuquina, en un momento donde el juego geopolítico entre China y Estados Unidos adquiere nuevas dimensiones.

La controversia en torno a la estación no es nueva. Ya en gestiones anteriores, el uso potencial dual (pacífico y militar) de la instalación ha sido objeto de escrutinio. Una adenda realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, a cargo de la entonces canciller Susana Malcorra, buscó prohibir explícitamente el uso militar de la base. A pesar de las visitas organizadas a la estación, incluyendo algunos diplomáticos de Estados Unidos, prevalecen dudas sobre los verdaderos fines de la presencia china en Neuquén.

La base espacial es una instalación rodeada de un secretismo absoluto y donde las sospechas están vinculadas con la posibilidad de que desde allí se realicen tareas que excedan la cuestión científica y la observación de la Luna y el espacio en general. En concreto, la inquietud está en saber si desde allí se realiza vigilancia militar, espionaje o actividades de ciberdefensa, que están expresamente vedadas en los acuerdos vigentes.