En el día después de la marcha universitaria que reunió más gente de la que el Gobierno esperaba en defensa de la educación pública y en reclamo de presupuesto, el Ejecutivo nacional sostiene que la protesta fue política e insiste con la auditoría de las cuentas, un proceso que desde la UBA atacan en defensa del principio de autonomía de la casa de estudio.

A su vez, ver tanta bandería política volvió a correr del eje del reclamo al cuerpo de funcionarios, que ahora buscan quitarle entidad a una movilización que fue genuina y razonable, y apuntan a polarizar contra los dirigentes políticos que se sumaron a la iniciativa estudiantil.

Y en ese camino tienen nada menos que fijar la mira sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el exministro de Economía Sergio Massa; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; el senador de la UCR Martín Lousteau; el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois; la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos corrientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), todos -por lo menos- corresponsables del desastre en el que está sumergida hoy la educación pública en todo el territorio nacional.

En la Casa Rosada mantienen la certeza de que no se desfinanciará a la educación pública y que "la idea es que sigan funcionando con los fondos necesarios", por eso es que se mantiene  un diálogo constante entre la cúpula del Gobierno, Yacobitti y las autoridades de las universidades nacionales.

"Creemos que la negociación está saldada y tenemos la intención de que se calme. Entendemos igualmente que cada uno tiene que satisfacer a los que representa y que por eso marchan. Los fondos ya los mandamos", declaró al medio nacional TN un funcionario de alto rango.

Desde la esfera de Milei argumentan que "el desfinanciamiento de la universidad pública comenzó en 2022" y sostienen que con el aumento actual "se vuelve a los parámetros de ese año" respecto al incremento del 140% sobre los US$128 millones.

Es por eso que el Gobierno continuará presionando con la auditoría de las cuentas de las universidades públicas mediante la Auditoría General de la Nación. "La AGN tendría que haber auditado esos números previamente, pero por alguna razón no lo hizo", expresaron desde un oficialismo que, además, cree que la marcha beneficia la imagen de Javier Milei y apunta a polarizar con un sector del radicalismo y las columnas de Unión por la Patria que asistieron.