Una extensa auditoría que detectó más de 1200 comedores escolares fantasma, la extorsión para dar de baja 942 planes sociales y 27 allanamientos realizados por la Justicia, revelaron en las últimas horas un entramado oculto de una red de asistencia social ilegal que funcionó en los últimos años y que ahora el Gobierno nacional avanzó para desterrar.

La Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional Federal realizó 27 allanamientos a comedores escolares y definió la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión. Buena parte de las actuaciones judiciales se sustentaron en un informe interno que realizó la cartera que conduce Sandra Petovello, y que se inició en febrero pasado.

Los datos relevados aseguran que durante la gestión anterior no hubo los "controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería" y que están registrados en el Renacom (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil).

La investigación determinó que, entre el 7 de febrero y el 26 de abril, se relevaron un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos. Del total de estos últimos, en casi la mitad de los casos (609 espacios) en el lugar nunca funcionó, o hace tiempo que no funciona, un comedor; y en el 26% de los casos (327 espacios) los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos).

A su vez, la auditoría destaca que de los 1032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más; en el 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero.

"Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público, devino en otra situación que fue denunciada penalmente: Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales pero muchos de los comedores eran inexistentes", destaca el informe de auditoría del Ministerio de Capital Humano.

"Chats de apriete"

Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.

Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas. el Gobierno informó también que del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.

Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. De acuerdo a la investigación, los acusados, "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de 'dar de baja el plan', conformando un total de 924 casos".

La investigación judicial también instó a llamar a testimonio a 28 personas y puso la mira en las sedes de comedores populares como el de Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas. En todo estos casos se secuestraron documentos, elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares.

En el informe de auditoríua de Petovello también se destaca que de la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad (52,3%). El restante 47.7% "no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)".

El juez Sebastián Casanello entendió que, sin perjuicio del esforzado trabajo de la Fiscalía, las descripciones consignadas en el dictamen respecto del funcionamiento interno de cada una de las organizaciones y distribución de roles exhibían "algunas fragilidades en el confronte con la prueba reunida". También el juez dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas investigadas y la citación a prestar declaración testimonial a 12 posibles damnificados y/o testigos de las conductas investigadas que surgían del registro de conversaciones mantenidas mediante la aplicación "Whatsapp" aportados como prueba en el marco de las audiencias testimoniales recibidas al inicio de la pesquisa.