Para no dar chance de jugar con los precios, el Gobierno nacional decidió volver a aplazar el aumento previsto en las tarifas de luz y gas, medida que también aplicará sobre el impuesto a los combustibles y, si bien habrá más presión en los precios para los consumidores en el futuro, a corto plazo representa un alivio económico.

Claramente, con la Ley Bases recién aprobada, desde el Ejecutivo no tienen ningún interés en poner en riesgo la desaceleración de la inflación que podría haberse interrumpido en junio, por lo que avanzarán en la postergación de aumentos en rubros sensibles para los consumidores.

En el caso de los combustibles, el impuesto iba a actualizarse un 115% y el impacto en el surtidor podría haber sido de entre el 4 y el 18% según la región del país.

La medida se debería oficializar en las próximas horas, con la publicación de un decreto en el que diferirá el incremento del ICL pautado para el próximo lunes, al igual que sucedió en mayo y junio. 

El superávit fiscal alcanzado hasta mayo y la aprobación en el Congreso de las leyes oficialistas, que ayudarán a aumentar la recaudación, brindan más margen de maniobra al Ministerio de Hacienda, Luis Caputo, quien tomó esta decisión para asegurar la continuación de la reducción de la inflación.