Los documentos que se retiraron del edificio de calle Defensa, en pleno centro porteño, estarían vinculados a nombramientos; convenios de colaboración con otras universidades y expedientes varios. En la Secretaría de Educación lo que dicen es que son papeles que Cristina Caamaño firmó pese a que en febrero pasado la resolución 45/2024 del Ministerio de Capital Humano dejó sin efecto su nombramiento como rectora al asegurar que no fue votada en la asamblea. "Todo lo que firmó es nulo, es usurpación de cargo", dicen.
Para el Gobierno, la forma en la que Caamaño llegó a ser designada como rectora normalizadora es irregular y asegura que la asamblea en la que se la designó en ese cargo está plagada de irregularidades. De hecho, agregan, que el 5 de marzo Caamaño convocó a otra asamblea en la que se desplazó a todas las autoridades que no habían podido asumir.
La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Alberto Fernández impugnó esa decisión y en el Gobierno creen que, pese a que nunca fue restituida formalmente, continuó con la firma de documentos. La abogada y, otrora, fiscal niega de manera rotunda el autorobo y acepta que Pons y Real se llevaron papeles, pero dice que fue para evitar que otras personas se los lleven.
"Nosotros efectivamente denunciamos que personas desconocidas entraron el 30 de octubre. Entramos y teníamos forzadas los cajones, armarios, se habían llevado la llave que abre la universidad. Hicimos una denuncia que está en el juzgado de María Servini", aseguró Caamaño en diálogo con el medio nacional TN.
Y continuó: "Niego rotundamente que haya sido un autorobo. Días después, efectivamente Pons y Real fueron a retirar la documentación que queda y que nos parecía importante para evitar que vuelvan a entrar y se la lleven. La llevamos a la otra sede. Esas son las fotos que presentó Maurizzio. Ese traslado de papeles estuvo aprobado por el Consejo Superior".
La Universidad ya había estado envuelta en una polémica tras un allanamiento a un edificio en plena Capital Federal asignado a la universidad, en donde el Ministerio de Justicia denunció que funcionaba un boliche clandestino.
En un comunicado oficial, la cartera de Justicia informó que presentó una denuncia penal "tras descubrir el uso clandestino e irregular" del inmueble. "Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro", señaló el texto.
"Durante la inspección se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble", suma.
