ELA, despidos y abandono: cuando la enfermedad también se castiga

Silvana trabajó durante casi veinte años en una reconocida obra social de Necochea. Desde 2006, su lugar fue el mismo: la atención al público. Recibir personas, orientarlas, ayudarlas a acceder a la salud. Sin sanciones, sin ausencias injustificadas, sin reproches. Una trayectoria intachable, construida con responsabilidad y compromiso. Hasta que la vida le cambió de golpe.

En 2023, a su esposo Sergio le diagnosticaron ELA, una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y sin cura. Desde ese momento, la rutina familiar se transformó en una lucha diaria. Medicación de costos millonarios, tratamientos permanentes, cuidados constantes. Sergio no tiene jubilación ni pensión. Silvana es su único sostén económico y, además, quien lo acompaña y cuida todos los días.

El desgaste físico y emocional fue inevitable. El 8 de julio de 2025, Silvana inició una licencia médica, respaldada por certificados, como marca la ley. Nada extraordinario. Nada ilegal. Un derecho básico. Sin embargo, su empleador decidió otra cosa.

El 27 de noviembre recibió una carta documento: quedaba “suspendida” hasta obtener el alta médica y luego “se evaluaría la continuidad” de su puesto. Después de casi veinte años de trabajo, su estabilidad empezó a pender de un hilo. Pero lo peor llegó el 1° de diciembre: dejaron de pagarle el sueldo. Diciembre, enero y los meses siguientes, sin ingresos. La respuesta fue aún más grave: justificaron la suspensión del salario por estar con licencia médica. Algo que la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe de manera explícita.

Como si eso no alcanzara, la última comunicación de la empresa llegó con un gesto que roza lo cruel: desconocer su función real, borrando de un plumazo casi dos décadas de atención al público. Como si su historia laboral pudiera desaparecer por conveniencia.

Pero el golpe final fue devastador. A partir del 1° de febrero, Silvana y Sergio se quedaron sin obra social. Sin cobertura médica. Sin acceso a la medicación que Sergio necesita para vivir con dignidad. Medicación que cuesta más de dos millones de pesos. Terapias que no pueden interrumpirse. Una decisión administrativa que, en los hechos, pone en riesgo una vida.

“No pido privilegios, pido derechos”, dice Silvana. Que se respete su licencia, que se pague el salario que corresponde, que no se los deje sin salud en el peor momento. Su reclamo no es solo laboral: es humano. Es el grito de una familia que siente que el sistema que debía protegerla la empuja al abismo.

Sergio “Giuseppe” Portugal no es un desconocido. Ex futbolista de Mataderos, Estación Quequén, Rivadavia, la Selección de Necochea, entre otros equipos, siempre fue reconocido por su entrega dentro y fuera de la cancha. Hoy pelea otra batalla, mucho más dura. Y lo hace con la misma garra, acompañado por su familia y sus amigos.

Esta no es solo la historia de Silvana y Giuseppe. Es una alerta. Nadie debería ser castigado por enfermarse. Nadie debería perder su sustento ni la posibilidad de cuidar a su familia por ejercer un derecho. A veces, la única defensa frente a la injusticia es hacerla pública. Y que no miremos para otro lado.