El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó con un dato contundente: siete integrantes del equipo médico que lo asistía en sus últimos días enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. El proceso se desarrolla en los tribunales de San Isidro y busca determinar si existió negligencia en la atención que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre.
En el centro de la escena aparecen tres profesionales que integraban el núcleo más cercano al cuidado diario del ex capitán de la Selección argentina: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Según la acusación, ellos eran quienes mantenían un vínculo directo y constante con Maradona, además de tomar decisiones clave respecto a su tratamiento.
En particular, a Luque se lo señala como el principal responsable de coordinar la internación domiciliaria tras la operación por un hematoma subdural, así como de las decisiones médicas posteriores.
Cosachov, por su parte, no solo está imputada por el mismo delito, sino también por presunta falsedad ideológica, ya que habría firmado un certificado sobre la salud mental del paciente sin haberlo evaluado personalmente. Además, la Fiscalía la apunta por no haber intervenido directamente en la reanimación cuando el exjugador fue encontrado inconsciente, siendo “la única médica presente en el lugar”.
En tanto, Díaz es cuestionado por haber recomendado limitar el contacto de Maradona con su entorno familiar, una medida que, según los investigadores, contribuyó a su aislamiento en los días previos a su muerte.
El segundo grupo de imputados está compuesto por quienes cumplían funciones operativas o de coordinación dentro del esquema de atención. El enfermero Ricardo Almirón, que estaba de turno el día del fallecimiento, es investigado por no haber reaccionado con la urgencia necesaria ante signos de deterioro. Su defensa sostiene que actuaba bajo órdenes y que reportó irregularidades en el estado del paciente.
También forman parte del juicio el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de la prepaga Nancy Forlini. En estos casos, las acusaciones giran en torno a la organización del equipo, la supervisión de la atención y la provisión de recursos médicos adecuados durante la internación domiciliaria.