NECOCHEA | 19 MAY 2026
Rojas acudió a la Suprema Corte y denunció que el Concejo “usurpó facultades” del Ejecutivo
El intendente Arturo Rojas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires una denuncia de conflicto de poderes contra el Honorable Concejo Deliberante de Necochea, al considerar que el cuerpo legislativo avanzó sobre atribuciones exclusivas del Departamento Ejecutivo. Además, solicitó la suspensión inmediata de la ordenanza cuestionada mientras el máximo tribunal analiza el caso.
La presentación fue realizada en el marco del artículo 196 de la Constitución bonaerense y apunta contra la Ordenanza Nº 12.148/26, aprobada por insistencia el pasado 6 de mayo luego del veto impuesto por el Ejecutivo municipal.
La norma establece exenciones fiscales para veteranos de Malvinas, sus viudas e hijos menores. Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que el conflicto no gira en torno al reconocimiento a los excombatientes, sino sobre quién tiene la potestad constitucional para modificar el régimen impositivo municipal.
El eje del planteo
Según sostiene el municipio, la Ley Orgánica de las Municipalidades es clara respecto a que las ordenanzas impositivas y el presupuesto son atribuciones que deben originarse en el Departamento Ejecutivo.
En ese sentido, citaron el artículo 109 de la LOM, que establece que corresponde al Ejecutivo proyectar las ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos, mientras que el artículo 34 indica que, una vez aprobado el presupuesto, solo puede modificarse por iniciativa del propio Ejecutivo.
Desde el entorno de Rojas sostienen que el Concejo Deliberante “cruzó esa línea” al avanzar con una ordenanza que, según interpretan, obliga al Ejecutivo a incorporar modificaciones tributarias futuras.
Incluso remarcan que durante el debate legislativo una de las concejalas impulsoras del proyecto reconoció que eligieron el formato de ordenanza —y no una resolución— justamente para forzar la incorporación de la medida en la ordenanza fiscal del próximo año.
Para el Ejecutivo, ese reconocimiento constituye una prueba de que el Concejo intentó condicionar facultades exclusivas del intendente.
Jurisprudencia y antecedentes
La presentación judicial también se apoya en antecedentes de la propia Suprema Corte bonaerense, que en distintos fallos vinculados a municipios como San Martín, Villa Gesell, Coronel Rosales, Carmen de Areco y San Andrés de Giles estableció que toda norma que impacte sobre el presupuesto debe tener origen en el Departamento Ejecutivo.
Desde el municipio señalaron además que este conflicto se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Concejo Deliberante durante los últimos meses, entre ellas ordenanzas con afectación específica de recursos municipales y modificaciones presupuestarias sin intervención del Ejecutivo.
Ahora será la Suprema Corte la que deberá resolver si acepta formalmente el conflicto de poderes y si dispone la suspensión provisoria de la ordenanza mientras se analiza el fondo de la cuestión.
Con esta presentación, el conflicto político e institucional entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante suma un nuevo capítulo y queda bajo análisis del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires.
