La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia federal impuso una multa diaria al Gobierno nacional por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, quien estableció una sanción inicial de $100.000 por día para el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La resolución se produjo a partir de un reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente en materia de actualización salarial para docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El magistrado consideró que correspondía hacer efectivo el apercibimiento que había dispuesto previamente, luego de que vencieran los plazos otorgados al Poder Ejecutivo sin que se acreditara el cumplimiento integral de la medida cautelar.

La sanción económica podrá modificarse si persiste el incumplimiento. Según la resolución, también existe la posibilidad de ampliar el alcance de los funcionarios alcanzados por la medida.

Qué debe cumplir el Gobierno

La medida cautelar exige que se actualicen los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y que se garanticen los recursos destinados a las becas estudiantiles, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se originó por la falta de aplicación efectiva de esas disposiciones, mientras el Gobierno nacional sostiene una disputa judicial en torno a la instrumentación de la norma y a la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, el juez había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida y otorgado un plazo para hacerlo. Ante la falta de acreditación del cumplimiento total, el CIN solicitó que se aplicaran las sanciones económicas previstas.

Cormick resolvió avanzar con las llamadas astreintes, una herramienta judicial que consiste en imponer una multa por cada día de demora para presionar al cumplimiento de una obligación.

Una cautelar que continúa vigente

La decisión judicial se dictó mientras continúa la discusión sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la validez de las disposiciones del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación.

Aunque el Gobierno apeló el fallo que declaró inconstitucional esa disposición del decreto, la medida cautelar que ordena actualizar los salarios y garantizar los fondos para las becas continúa vigente y es de cumplimiento obligatorio.

Según los antecedentes del caso, la cautelar había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional el 25 de junio de 2026.

De esta manera, la apelación vinculada con la discusión de fondo no dejó sin efecto la obligación de cumplir con las medidas provisionales dispuestas en favor del sistema universitario.

La sanción se conoce antes de una nueva marcha universitaria

La resolución se conoció en la víspera de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento.

El conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas incluye reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la actualización de las partidas presupuestarias y la situación de las becas estudiantiles.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el cumplimiento de la ley resulta fundamental para atender las necesidades del sistema universitario. La aplicación de la multa representa un nuevo capítulo en la disputa entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional.

Mientras el expediente judicial continúa su curso, la sanción diaria busca que el Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones establecidas por la Justicia. El monto inicial quedó fijado en $100.000 por día, aunque el magistrado advirtió que podrá revisarlo si la situación persiste.