El Gobierno oficializó bono de $24 mil para privados y crecen las fricciones

A una semana del anuncio del bono de fin de año de 24 mil pesos que el sector privado deberá abonar a los trabajadores y trabajadoras registradas que cobren hasta un tope de salario neto, ya empezaron las primeras fricciones con empresas que se resisten a pagarlo. Como consecuencia, uno de los gremios clave en la logística se declaró en estado de alerta y movilización y el Ministerio de Trabajo interviene para contener la situación.

El Departamento Ejecutivo nacional, por medio del Decreto 841/2022, oficializó este sábado el pago de una asignación no remunerativa por única vez. En su artículo 1°, la normativa establece que el desembolso es hacia las personas en relación de dependencia del sector privado que se rijan por la ley 20.744 y sus modificatorias, que será abonada por los sujetos empleadores en el mes de diciembre de 2022.

Asimismo, fija que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación no remunerativa en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en las leyes mencionadas en el artículo anterior que les resulten aplicables de acuerdo a su modalidad de contratación.

El monto de la asignación no remunerativa establecida será equivalente a $24.000 para los que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en el mes de diciembre de 2022, menores o iguales a $161.859; o la diferencia entre $185.859 y los salarios netos superiores a $161.859 correspondientes al devengado en el mes de diciembre de 2022, para los trabajadores y las trabajadoras que perciben salarios netos mayores al último monto mencionado.

"Cuando la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional, los montos mencionados en el presente artículo serán expresados en forma proporcional a la jornada trabajada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2", expresa la normativa.

Según establece el artículo 6° las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Tramo 1 que cuenten con Certificado MiPyME vigente a la fecha de entrada en vigencia del decreto podrán reducir los anticipos del Impuesto a las Ganancias en un importe equivalente al 50% del monto total abonado en concepto de la asignación no remunerativa prevista en el artículo 1° y diferir su pago para el Ejercicio del año 2023, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la AFIP; un sistema similar al que podrán utilizar auqellos empleadores del "Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".

La negativa

Contrariando al decreto, ya hay algunas firmas que se niegan a abonar la suma dispuesta por la administración de Alberto Fernández. Se trata de la cámara que nuclea a las empresas que proveen seguridad privada. Como consecuencia, desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA), el sindicato que comanda Ángel García, se declararon en estado de alerta y movilización.

"Hace solo unos días logramos cerrar una paritaria del 114% que ellos no querían y ahora estamos otra vez en conflicto porque no quieren pagar el bono. Lamentablemente, en fin de año cuando queremos tener un panorama tranquilo y festejar, estamos en conflicto de vuelta", se resignó Daniel Jacobsen, vocero del gremio.

Y remarcó: "El bono es para los que ganan hasta $ 189.000 netos mensuales y nosotros, en enero/ febrero, vamos a llegar a los $142.000 brutos (sin los descuentos)". En el caso de UPSRA, no habían incluido el pago de un bono dentro de su actualización paritaria por lo que tampoco podría ser contabilizado como parte del mismo.

El último lunes, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto con el que se oficializa el anuncio que realizaron las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien informó también sobre el bono de $13.500 para las y los beneficiarios del Potenciar Trabajo; y la de Trabajo, Kelly Olmos. 

Para ejercer presión, UPSRA convocó a sus afiliados y afiliadas a permanecer en estado de alerta y movilización, tal como había sucedido en los momentos más calientes de la negociación salarial. De hecho, el gremio estuvo a horas de iniciar un plan de lucha, en aquel momento, con el objetivo de paralizar puertos y aeropuertos a partir de su capacidad de accionar en puntos neurálgicos del transporte de pasajeros y carga y la logística.