Acusan al Gobierno de impulsar la privatización del Banco Nación

 El sindicato de trabajadores bancarios ha denunciado que el Gobierno está avanzando en un plan para transformar el Banco Nación en una sociedad anónima. A pesar del fracaso de la ley ómnibus, el Gobierno sigue adelante con la privatización de empresas estatales, incluyendo el Banco Nación, con una capitalización estimada en alrededor de 25.000 millones de dólares. Se generan dudas sobre el alcance de un posible Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en relación con la venta de activos estatales. Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, ya había expresado su apoyo a la privatización en enero.

Según la denuncia del sindicato La Bancaria, Federico Sturzenegger, asesor extraoficial del presidente Javier Milei, se ha puesto en contacto con los directivos del Banco Nación para instruirlos sobre la transformación en sociedad anónima. Los representantes sindicales expresaron su repudio a esta intervención y destacaron que el Congreso ha demostrado falta de consenso para privatizar el Banco Nación.

La economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, quien también fue directora del banco público, respaldó estas denuncias, indicando que Sturzenegger ha contactado al Directorio del Banco Nación para instruirlos sobre la transformación en sociedad anónima, aprovechando un DNU que no ha sido tratado en el Congreso.

Por su parte, el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, había mencionado previamente que la transformación en sociedad anónima es fundamental para la gestión actual, argumentando que esto generaría un cambio sustancial en el negocio bancario y mejoraría la transparencia y la eficiencia en la gestión del banco.

El fracaso de la ley ómnibus ha detenido temporalmente el debate sobre la privatización en el Congreso. Sin embargo, un Decreto de Necesidad y Urgencia vigente desde diciembre pasado permite la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas, aunque su validez está sujeta a revisión judicial. La falta de avance en el tratamiento del DNU ha generado críticas y denuncias de violación a la Constitución Nacional y al Reglamento del Senado por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel.