Este miércoles 2 de octubre los estudiantes y docentes de las distintas universidades públicas del país se concentrarán para marchar en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso.

Haciendo un repaso, esta iniciativa se aprobó en el Senado el 12 de septiembre, cuando tuvo obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios, y establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".

En cuanto se aprobó la norma, el presidente Milei anticipó un "veto total" en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.

Qué se sabe de la marcha

Bajo el lema "La Universidad no es el problema, es parte de la solución", la movilización comenzará a las 17 en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Las consignas de la manifestación incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, algunos de los pilares para garantizar el acceso a la educación púbica de calidad en el país.

La nueva movilización fue convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue una decisión conjunta, tras una reunión de la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

La protesta será una reedición de la masiva movilización que tuvo lugar el 23 de abril, y que llamó la atención por el volumen: una multitud transmitió que la sociedad argentina considera la Educación Superior Pública y Gratuita como un valor que hay que defender.

Desde abril hasta octubre tuvieron lugar negociaciones entre las máximas autoridades de las universidades y los funcionarios del gobierno de Milei. El reclamo está trabado en el financiamiento para el funcionamiento cotidiano y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las casas de altos estudios.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió un escenario de "tormenta perfecta" y advirtió que el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aún mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios. "Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades", dijo Moriñigo.