Alejandro Bidegain, presidente del bloque de la UCR, señaló que la propuesta es “inadmisible” y que tiene fines exclusivamente recaudatorios. “No estamos de acuerdo con la creación de un nuevo tributo que impacta directamente en los vecinos, y menos cuando está siendo cuestionado en otros municipios”, sostuvo. Para los concejales radicales, la medida representa una carga adicional injustificada para la comunidad que podría encarecer los costos de transporte y afectar la economía local.

Por su parte, Gonzalo Diez, concejal de la UCR, fue contundente al respecto: “No estamos dispuestos a seguir adelante con la discusión de esta ordenanza si no se elimina esta tasa, que consideramos abusiva”. La decisión del bloque radical refleja la preocupación por el impacto de este nuevo gravamen en el costo de vida de los vecinos y en el bolsillo de los contribuyentes del distrito.

El freno impuesto por la UCR al tratamiento de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025 plantea un desafío para el oficialismo, que deberá buscar alternativas para lograr consenso en el Concejo Deliberante. La postura de la UCR deja en evidencia la necesidad de debatir otras formas de financiamiento que no recarguen a los ciudadanos en un contexto de alta inflación y costos de vida en aumento.

Las próximas reuniones serán cruciales para definir el futuro de la ordenanza y la viabilidad de la tasa, en busca de una solución que equilibre las necesidades de financiamiento para el mantenimiento vial sin afectar de manera desmedida a los habitantes del distrito.