

La medida, aplicada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), generó fuertes cuestionamientos debido a su impacto dispar en los distintos sectores de ingresos, afectando en mayor medida a los hogares de clase media y baja.
El ajuste dispuesto por el ENRE establece subas de hasta cinco veces más para los sectores de menores ingresos en comparación con los de alto poder adquisitivo. Según las resoluciones 119 y 120 publicadas en el Boletín Oficial, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) solo sufrieron un incremento del 2%, mientras que los de Nivel 2 (bajos ingresos) enfrentaron un aumento del 8,5% y los de Nivel 3 (ingresos medios) del 12,3%. También se aplicaron aumentos a las tarifas de los clubes de barrio, lo que intensificó las críticas hacia la medida.
Ante las quejas de distintos sectores, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía trabajan en una posible corrección de las resoluciones del ENRE. Desde el Gobierno explicaron que “la unificación de bonificaciones (subsidios) para usuarios de ingresos bajos y medios es para todo el 2025 y no de un mes específico. Las resoluciones del ENRE se tratan de un error que se va a corregir”.
El problema se originó en la modificación de los subsidios implementada en febrero. La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, redujo la cobertura estatal en las facturas de electricidad y gas a través de la resolución 24. Con este cambio, el porcentaje de subsidio para los usuarios de Nivel 2 descendió del 71,92% al 65%, mientras que para los de Nivel 3 bajó del 55,94% al 50%.
Bajo este esquema, los incrementos de tarifas quedaron en 2% para los usuarios de ingresos altos, 12,3% para los de ingresos medios y 8,4% para los de ingresos bajos. En el caso de los comercios e industrias, las subas oscilan entre el 0,8% y el 5,1%, con un aumento promedio del 4%.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de reducir el gasto público con la presión social por el aumento de tarifas. En 2024, los subsidios a la energía se redujeron de US$ 9.683 millones (1,5% del PBI) a US$ 6.252 millones (1%), gracias a los ajustes tarifarios y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner.
Para 2025, se estudia reemplazar la segmentación actual por un sistema más simple que diferencie únicamente entre usuarios “con subsidios” y “sin subsidios”, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal en el sector energético.
En un año electoral clave, el Gobierno deberá definir si mantiene la suba de tarifas o cede ante la presión social y política para evitar un mayor impacto en los sectores más vulnerables. La corrección de las resoluciones del ENRE podría ser un primer paso en esa dirección.