Entre quienes protestan hay mayormente trabajadores de distintas dependencias que reclaman por una mejora en sus salarios. Además acompañan profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

En ese momento había muy poco personal de seguridad en el lugar: apenas cinco o seis trabajadores administrativos, algunos de ellos encerrados en sus despachos, sin posibilidad de intervenir.

Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad llevan meses reclamando por sueldos que no se actualizan desde principios de año. Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.

Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación aseguró que la paciencia se agotó. “Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, señaló en diálogo con la prensa.

El contexto: atrasos, recortes y falta de respuestas

La Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa una crisis profunda, con retrasos en los pagos a prestadores, recortes en programas de asistencia y falta de actualización salarial para su personal. En los últimos meses, gremios y asociaciones de profesionales denunciaron la parálisis de expedientes, demoras en la entrega de pensiones y dificultades para cubrir tratamientos y medicamentos.

Según trascendió, la protesta de Belgrano fue convocada de manera espontánea por empleados que ya habían participado en movilizaciones anteriores, pero que esta vez encontraron la negativa de los directivos para recibirlos.

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.