La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal destinado a cubrir los pasajes gratuitos para personas con discapacidad generó una fuerte preocupación en organizaciones sociales, familiares y sectores vinculados a la salud y la inclusión.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que derogó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por trasladar gratuitamente a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera de órganos y niños bajo tratamiento oncológico.

Desde el Gobierno nacional aclararon que el derecho al pasaje gratuito continuará vigente y que las empresas seguirán obligadas a otorgarlo, aunque ya no recibirán subsidios ni reintegros estatales por esos traslados. Según argumentaron, el nuevo esquema de “libertad tarifaria” permitirá a las compañías absorber esos costos dentro de su estructura económica.

Sin embargo, organizaciones vinculadas al sector advirtieron que la decisión podría complicar aún más el acceso efectivo al transporte. Temen que aumenten las trabas administrativas, las negativas de entrega de pasajes o la reducción de cupos disponibles para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, estudios o cuestiones familiares.

La medida se conoce además en medio de un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y sectores de discapacidad, que vienen denunciando recortes, retrasos en pagos y dificultades para sostener prestaciones básicas.

Distintos referentes cuestionaron que el ajuste vuelva a impactar sobre grupos vulnerables y advirtieron que muchas personas dependen exclusivamente de estos beneficios para poder trasladarse a centros de salud ubicados en otras ciudades.

En paralelo, empresas del sector también manifestaron preocupación por la eliminación del esquema de compensaciones, ya que aseguran que existen importantes deudas acumuladas vinculadas a estos pasajes gratuitos.

Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre cómo funcionará el sistema en la práctica y si las compañías mantendrán el mismo nivel de acceso al beneficio sin el respaldo económico que hasta ahora otorgaba el Estado.