La disputa institucional entre el Departamento Ejecutivo de Necochea y el Honorable Concejo Deliberante sumó este miércoles un nuevo capítulo con fuerte impacto político y jurídico. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió su dictamen en el conflicto de poderes promovido por el intendente Arturo Rojas y concluyó que el Concejo Deliberante "se excedió" en sus atribuciones al aprobar una ordenanza que modificaba el régimen de exenciones tributarias para excombatientes de Malvinas.

El conflicto se originó luego de que el Concejo sancionara una ordenanza incorporando nuevos beneficios impositivos para veteranos de guerra, sus viudas e hijos menores. La norma fue vetada por el Ejecutivo municipal, pero posteriormente el cuerpo deliberativo insistió con su aprobación, lo que derivó en la presentación del conflicto de poderes ante la Suprema Corte bonaerense.

En su dictamen, la Procuración sostuvo que el debate no pasa por la finalidad de la ordenanza ni por el reconocimiento a los excombatientes, sino por la competencia institucional para impulsar modificaciones de carácter tributario.

En ese sentido, entendió que el Concejo Deliberante avanzó sobre facultades que la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades reservan al Departamento Ejecutivo, ya que las iniciativas vinculadas a la política tributaria y presupuestaria deben originarse en el Ejecutivo municipal.

El Procurador consideró que el Concejo invadió competencias exclusivas del intendente, motivo por el cual recomendó a la Suprema Corte hacer lugar al planteo presentado por el Departamento Ejecutivo y declarar la nulidad de la ordenanza cuestionada.

El dictamen también señala que la norma aprobada por el Concejo no analizó el impacto económico que tendría sobre los recursos municipales, un aspecto que considera esencial cuando se modifican beneficios impositivos.

Si bien la opinión de la Procuración no resulta vinculante, representa un antecedente de importante peso jurídico dentro del expediente y suele ser considerada por los ministros del máximo tribunal al momento de dictar sentencia.

Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la que deberá resolver en forma definitiva el conflicto institucional y determinar si confirma el criterio de la Procuración o adopta una decisión diferente.

Cabe recordar que, mientras se tramita la causa, la propia Suprema Corte ya había suspendido preventivamente los efectos de la ordenanza y del decreto de insistencia aprobado por el Concejo Deliberante, medida que continuará vigente hasta el fallo definitivo.