La nueva prórroga otorgada a Terminal Quequén S.A. volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de la principal concesión del puerto de Quequén. Sin embargo, más allá del debate sobre los plazos, las inversiones pendientes y la demora en la convocatoria a una nueva licitación, fueron las propias declaraciones del presidente interino del Consorcio de Gestión las que terminaron abriendo otro frente de discusión: la situación institucional del organismo y la falta de designación de su máxima autoridad conforme al régimen legal vigente.

En declaraciones publicadas por la revista La Tecla, Mariano Carrillo explicó que la decisión de extender por otros dieciocho meses la concesión respondió a circunstancias extraordinarias derivadas del derrumbe de un silo ocurrido en enero. Según sostuvo, ese episodio obligó a revisar los pliegos licitatorios que se encontraban en elaboración, incorporar obras urgentes y otras de mediano plazo y reformular la ecuación económico-financiera de la futura concesión. También señaló que un proceso licitatorio internacional demanda varios meses de preparación y que esas circunstancias hicieron necesaria la nueva prórroga.

Hasta allí, la explicación se inscribe dentro de los fundamentos técnicos y administrativos que el Consorcio expone para justificar la demora en la licitación definitiva de la terminal.

Sin embargo, fueron otras declaraciones formuladas al mismo medio las que adquirieron una dimensión institucional mucho más relevante.
Al referirse al proceso de aprobación de los futuros pliegos, Carrillo explicó que su condición de presidente interino condiciona el margen de actuación del organismo y afirmó: "Soy un presidente que eligió el mismo directorio, no soy un presidente permanente que es aquel que elige el Gobernador, que tiene otra legitimidad de origen, de la cual yo carezco".

La afirmación resulta significativa porque proviene del propio titular del Consorcio y reconoce expresamente una diferencia entre la situación institucional que hoy ocupa y la prevista por la Ley Provincial 11.414, norma que establece que el presidente del Consorcio de Gestión debe ser designado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Las palabras de Carrillo no sólo describen su condición de presidente interino. También permiten comprender el alcance de las limitaciones que, según él mismo explicó, tiene para impulsar una decisión estratégica como la aprobación de los pliegos de la futura concesión.

En ese sentido, la explicación ofrecida para justificar la demora en la licitación termina proyectando la discusión hacia otro plano. Si el propio presidente sostiene que debe consultar permanentemente con la Provincia porque carece de la legitimidad de origen correspondiente al cargo permanente, la responsabilidad por la falta de normalización institucional del Consorcio deja de aparecer como una cuestión exclusivamente interna y remite al Poder Ejecutivo bonaerense, que aún no efectuó la designación prevista por la ley.

La cuestión adquiere mayor trascendencia porque coincide con decisiones de fuerte impacto para la administración portuaria. La prórroga recientemente aprobada extiende nuevamente una concesión cuyo contrato original venció en noviembre de 2022 y mantiene pendiente la convocatoria a un nuevo proceso licitatorio para una de las principales terminales exportadoras del país.

En las mismas declaraciones, Carrillo también respondió a los cuestionamientos sobre presuntas incompatibilidades dentro del Directorio y sostuvo que la integración del organismo con representantes de cámaras empresarias, operadores y otros sectores vinculados a la actividad portuaria se encuentra expresamente contemplada por la legislación que regula los consorcios de gestión.

No obstante, fue otro de sus conceptos el que terminó concentrando la atención. El reconocimiento de que carece de la legitimidad de origen correspondiente al presidente permanente del Consorcio trasciende la defensa de la prórroga otorgada a Terminal Quequén S.A. y vuelve a poner en discusión la situación institucional del organismo.

De ese modo, unas declaraciones destinadas a explicar las razones técnicas que llevaron a extender la concesión terminaron dejando expuesto otro aspecto del conflicto: que, mientras continúa demorándose la licitación definitiva, el propio presidente del Consorcio reconoce que ejerce el cargo sin la legitimidad de origen que la Ley 11.414 reserva a la autoridad designada por el Gobernador, circunstancia que, según sus propias palabras, condiciona el proceso de toma de decisiones y vuelve a colocar bajo análisis la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la normalización institucional de Puerto Quequén.