La medida también establece un mando único para coordinar la respuesta del Estado ante la crisis, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el presidente Pedro Sánchez podrá prorrogarlo, modificarlo o finalizarlo antes de esa fecha.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, encabezó la primera reunión del Comité de Situación, de la que participaron diez ministros, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno. Además, Sánchez presidirá una nueva reunión extraordinaria del comité para analizar la situación y coordinar las próximas medidas.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la posibilidad de utilizar polideportivos de la ciudad para alojar a los migrantes. Tras el fuerte rechazo de los vecinos y de las autoridades locales, el Gobierno decidió retirar estas instalaciones del listado de espacios destinados a la acogida.

En paralelo, Ceuta propuso habilitar unas 11.300 plazas para migrantes adultos y menores mediante distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento sin recurrir a los polideportivos. También reclamó al Gobierno central un plan urgente para gestionar el retorno de las personas que llegaron durante la avalancha migratoria.

La crisis también generó fuertes protestas. Más de 2.000 vecinos de Ceuta se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno para reclamar soluciones y cuestionar la gestión del Ejecutivo. Durante la movilización se escucharon consignas contra el Gobierno y pedidos de dimisión de distintas autoridades.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, rechazó que los polideportivos sean utilizados para alojar migrantes y pidió al Estado que se haga cargo de los aproximadamente 4.000 menores que permanecen en la ciudad. Además, reclamó una mayor participación de las instituciones de la Unión Europea ante la magnitud de la crisis.

La situación también provocó cuestionamientos políticos al Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE defendió la actuación del Ejecutivo, mientras que la oposición reclamó explicaciones sobre la gestión de la entrada masiva de migrantes y sobre el papel que tuvo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la crisis. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió convocar la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para analizar las distintas versiones sobre los avisos previos del organismo de inteligencia.
En este contexto, el Gobierno también avanzó con nuevas medidas migratorias. Entre ellas se encuentran dos anteproyectos de ley destinados a adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, con cambios en los procedimientos de asilo y extranjería y mayores facilidades para expulsar a quienes ingresen irregularmente o no cumplan los requisitos para permanecer en España.

Pedro Sánchez, por su parte, solicitó comparecer en el Congreso para explicar la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria. La comparecencia se producirá en medio de los reclamos de la oposición y de algunos aliados parlamentarios para que el Ejecutivo dé respuestas sobre lo ocurrido desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

La crisis de Ceuta continúa así generando tensión entre el Gobierno central, las autoridades locales y distintos sectores de la sociedad, mientras las administraciones buscan ampliar la capacidad de acogida y encontrar una solución para los migrantes que todavía permanecen en la ciudad.