La Cámara Federal de Casación Penal anuló los sobreseimientos que habían beneficiado al "operador K" Roberto Porcaro, al juez federal de Necochea Bernardo Bibel, al fiscal Juan Manuel Portela y a José Luis de Gregorio, ex presidente de la Administración del Consorcio de Gestión, entre otros miembros de la administración judicial y empresarios., entre otros acusados, imputados por supuestas irregularidades en la investigación de la concesión irregular de la construcción de un elevador de granos de 60 millones de dólares en el Puerto de Quequén.

Los tres habían visto suspendidos sus procesos por falta de causas en la instrucción del juez federal de Azul y subrogante de Dolores, Martín Bava, el mismo que procesó a Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de los caídos en el submarino ARA San Juan, del cual el ex presidente resultó sobreseído y el trabajo del magistrado duramente criticado.

 

 

Ahora, la decisión llega de la mano de la Sala IV de la Cámara de Casación, que hizo lugar al recurso del fiscal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, contra la sentencia de la Cámara Federal de esa ciudad. El fallo lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

El voto mayoritario dice que fiscal "expuso fundadamente que, en el estado actual en el que se encuentra la causa, no es posible el dictado de una solución liberatoria como la adoptada, describiendo que se ha puesto fin al proceso mediante un estudio que no ha abarcado la completa dimensión de los elementos obrantes en autos".

"Los sobreseimientos dictados en las presentes actuaciones lucen desconectados argumentalmente de la controversia jurídica planteada, y demuestran falta de exhaustividad en el análisis de las constancias incorporadas al proceso", agregó el fallo.

Luego destacó que "estas falencias contradicen los fines previstos por la ley para el dictado de este tipo de resoluciones, esto es la certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda con la debida convicción emitir un juicio asertivo".

La causa se originó como consecuencia del pedido de información cursado por el ex concejal radical de Necochea, Alberto Daniel Esnaola, al Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, consultándole por el lugar de radicación y estado del expediente FMP 2492/2013, que tramitó en el Juzgado Federal de Necochea, con intervención de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción.

 

 

Esa causa la había abierto el fiscal porteño Juan José Campagnoli, cuando descubrió en el 2013 que la misma financiera (Financial Net) que había ayudado a girar 55 millones de dólares de Lázaro Báez desde Suiza, también había hecho un giro de un millón de dólares a Porcaro, el operador que apoyó la carrera de Amado Boudou, información que fuera revelada por el diario Clarín en el 2013.

El caso empezó en el 2012 cuando De Gregorio, como presidente del Consorcio de Gestión, otorgó sin licitación una concesión para construir un elevador de granos en ocho hectáreas ubicadas en la boca del puerto denominada "Sitio 0", donde se cargan los buques que vienen desde el exterior, un contrato por casi 50 años a cambio de obras por 60 millones de dólares.

La empresa concesionaria habría sido creada diez días después de recibir la concesión, se llama "Sitio 0 de Quequén SA" y entre sus socios "aparecen Financial Net., Alea y Cia, E-Grain, Lartirigoyen y Cia, y A&J Nari".

Desandando las conexiones con Lázaro Báez, los bonos con que se pagó a Porcaro pertenecerían a la empresa Helvetic Services Group SA, cuyo director Néstor Ramos estaba procesado en la causa de "La ruta del dinero K" y acaba de fallecer en Suiza. De acuerdo a la denuncia, desde que fue recibida la causa FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el agente público no habría encaminado las medidas de prueba pertinentes para esclarecer el caso.

El juez Hornos consideró que también debía ser revocado el sobreseimiento de Eric Adler, quien durante la tramitación había sido designado como perito de parte por Porcaro y era pariente del fiscal General de Mar del Plata. Sin embargo, por la decisión conjunta de los jueces Borinsky y Carbajo, su sobreseimiento quedó firme.

Sobre Bava, la Cámara de Casación citó que "los jueces de la Cámara Federal valoraron que el magistrado a cargo de la instrucción de las presentes actuaciones, Dr. Martín Bava, se inmiscuyó en las cuestiones que incumbían al caso y, luego de producir diversas medidas probatorias propuestas por el Ministerio Público Fiscal, decidió el 27 de mayo de 2019 rechazar las restantes pesquisas solicitadas por ese órgano acusador y dictar el sobreseimiento de todos los denunciados".