El Gobierno nacional anunció esta semana que el programa Precios Justos seguirá funcionando con una lista de unos 2 mil artículos de consumo masivo -alimentos, bebidas, higiene y limpieza- con precios fijos, permitiéndoles una suba mensual de hasta el 3,2%. Dado que cinco meses es un período muy largo para mantener esos precios, la nómina se renovará con productos que entran y salen de acuerdo a los pedidos de las empresas, es decir que, cuando un producto se retira de la lista podrá tener un aumento mayor -podrá llegar a 9% en algunos casos- para compensar su retraso frente a la inflación.

Desde la cartera de Economía que encabeza Sergio Massa admiten que hoy la fortaleza de este acuerdo radica en el camino de aumentos del 3,2% y que la canasta de precios congelados, que es muy pequeña frente a la cantidad de productos que existen en el mercado, es más intrascendente.

 

 

Planteado este contexto, la herramienta que más motiva a la Secretaría de Comercio es el desarrollo de un instrumento digital que les permitirá controlar el cumplimiento de las pautas de aumento mensuales día a día y con un nivel de detalle que permite conocer aumentos promedio (macrodato) hasta el movimiento de precios de un producto determinado en todo el país o en un solo local de supermercado específico (microdato).

Esta innovación, que se desarrolló en conjunto con Arsat y Amazon, permitirá que ya no sean tan relevantes las inspecciones presenciales de los comercios y que solo se realicen para constatar los incumplimientos que se detecten al aplicar los mecanismos de control digital.

La fiscalización digital va a funcionar de dos maneras. Por un lado, tomará los datos del sistema de precios (SEPA) que las cadenas de supermercados comparten a diario con la Secretaría de Comercio. Y les permitirá conocer cada día qué precios subieron por encima de la pauta de 3,2%. Esto es para los productos de consumo masivo que forman parte del acuerdo y tendrá una capacidad para relevar más de 3,6 millones de productos. Se tomarán datos de 943 sucursales de 13 cadenas de todo el país.

Los datos no serán de acceso público y serán verificados en forma cotidiana por un grupo de 15 personas dentro de la Secretaría de Comercio. Así, se podrán diferenciar de casos aislados o de patrones de aumentos. Servirán para realizar inspecciones, elaborar actas y finalmente, si corresponde, elevar multas.

 

 

Además, habrá otra herramienta que realizará un barrido online por todos los valores que difunden en las plataformas de comercio electrónico las empresas que forman parte del acuerdo. Por ejemplo, precios de ropa, productos de construcción o calzado. Cuando estos precios se ubiquen por encima la pauta mensual, habrá una "alarma". Esto tampoco será visible para los compradores, solo son datos para consumo interno de la Secretaría.

Por lo tanto, las inspecciones presenciales serán menos trascendentes, según Comercio. Este cambio le bajará el tono a la polémica sobre la participación de organizaciones sociales o sindicatos -especialmente Camioneros- en los controles.

 

"El Estado no delega el control de precios en nadie. Hay acuerdos de colaboración. Pero no hay gremios controlando precios", aseguraron desde la Secretaría de Comercio.

 

En el Gobierno afirman que un acuerdo de precios no es "la" solución para la inflación y que se puede tomar porque también se avanza en otros temas como controlar el nivel de financiamiento con emisión monetaria y reforzar las reservas del Banco Central. "Un acuerdo de precios es solo un eslabón en la cadena para bajar la inflación. Si un empresario no ve argumentos, no se suma a firmar por 3,2% por cinco meses si no cree que están dadas esas condiciones", aclararon.

De todos modos, el talón de Aquiles de los acuerdos de precios sigue siendo la cantidad y los tipos de comercio que incluyen, ya que los productos de consumo masivo solo están disponibles en grandes cadenas de supermercados y no se pueden encontrar en los autoservicios o pequeños comercios de cercanía que suelen ser el lugar donde comprar productos básicos las familias de menores recursos.

Si bien se focalizó en pactar con los mayoristas donde se abastecen los pequeños comercios, estos productos no siempre están en las góndolas y existen intermediarios o distribuidores que no permiten controlar el precio final que se paga. Por esta razón, la Secretaría contará datos sobre un relevamiento hecho a 400 autoservicios para conocer qué listas de precios recibieron en las últimas semanas.

También resulta complejo incorporar productos frescos, un sector muy atomizado con muchos oferentes -verdulerías y carnicerías de barrio- y productos que no tienen diferenciación por fabricante o marca.