Pese a las críticas de la oposición al proyecto del sindicalista cercano al kirchnerismo Omar Plaini, que viene con media sanción del Senado bonaerense y comenzó a tratarse en un plenario conjunto de comisiones de la Cámara baja, diputados nacionales del Frente de Todos también presentaron un proyecto de ley para regular la actividad de los trabajadores de las apps de delivery.

La iniciativa, que lleva la firma de la legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez, tiene las mismas características que la normativa que fogonea el senador provincial y secretario general del gremio de Canillitas. Incluso, el gremialista formó parte del lanzamiento este de jueves.

"Creemos que las leyes se construyen dando batallas con los representantes de los trabajadores organizados. Este es un paso hacia una transformación más importante", afirmó la diputada autora de la iniciativa.

Por su parte, Plaini advirtió sobre la existencia de un "lobby tremendo" en contra de la ley de deliverys para evitar su avance y sostuvo que "del único lugar del que no nos pueden echar es de las calles", por lo que "vamos a necesitar de la fuerza de los trabajadores".

En concreto, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional, Único y Obligatorio en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), que comprenda al conjunto de trabajadores y a las personas jurídicas empleadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP), que tenga por objetivo la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de estas últimas.

Además establece que deben inscribirse en ese registro "las actividades que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y/o automóvil".

Sin embargo, desde el inicio del debate durante el año pasado en la Legislatura bonaerense, la iniciativa impulsada por el Frente de Todos y acompañada por el bloque de Juntos en la Cámara alta, tuvo su primer freno durante un plenario conjunto de comisiones por las presiones de los trabajadores y la oposición.

La Ley de Deliverys establece en su segundo artículo la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones. En tanto, en sus artículos sexto y séptimo, aclara que se "otorgará un certificado habilitante para el repartidor y su medio de movilidad".

Lo que ocurre es que, desde la oposición, salieron a advertir que de sancionarse la normativa serían "unos 25 mil los repartidores que podrían quedar sin trabajo dado que las empresas abandonarían sus operaciones en la provincia porque perderían su margen de ganancia".

En ese marco, el diputado libertario, Guillermo Castello manifestó su oposición al proyecto de ley de delivery: "Detrás de esta propuesta, existe la aviesa intención de crear otro sindicato contra natura para esquilmar el bolsillo de trabajadores", enfatizó, agregando que "el discurso del kirchnerismo sobre la precarización laboral y la situación de vulnerabilidad es un verso populista para camuflar sus verdaderos objetivos, que son meramente económicos", sentenció.

Vale mencionar que, no fue solamente el arco libertario el que manifestó su oposición, sino también trabajadores de las apps en conjunto con sindicatos del sector, alegando "la falta de diálogo" y la posibilidad de que la normativa termine desembocando en que un nutrido universo de trabajadores quede en la calle, en tiempos de crisis económica aguda.

A pesar de todo ello, la Ley de deliverys sigue su camino parlamentario en la Legislatura bonaerense, sumando el respaldo del cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, y el líder de la Fraternidad, Omar Maturano, dos de los pesos pesados de los sindicatos del transporte, según el medio Diputados Bonaerenses.

Es que ambos dirigentes estarían pujando por quedarse con la representación sindical de los repartidores en la provincia de Buenos Aires, que serían alrededor de 50 mil. En efecto, el registro que plantea el proyecto de Ley de deliverys sería el primer paso para contabilizar la cantidad de empleados que se mueven por el territorio bonaerense.