La Cámara Federal de Casación Penal revocó este 18 de septiembre el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y ordenó que se haga el juicio oral y público junto a los demás imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.

No obstante, el inicio del juicio podría demorarse, ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Además, los camaristas Petrone y Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la vicepresidenta en el caso, Daniel Obligado y Adrián Grünberg; no así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia.

El caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. En ese momento, la justicia consideró que la causa carecía de sustento para ser elevada a juicio oral y ordenó el sobreseimiento de la expresidenta junto a sus dos hijos, Florencia y Máximo.

En el nuevo proceso judicial se buscará determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron producto de su vínculo con el kirchnerismo.

En tanto, Florencia Kirchner quedó sobreseída dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas, ella era menor de edad. "Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años", por lo que el proceso judicial involucrará a la vicepresidenta y a su hijo mayor. 

Diego Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, había apelado el fallo del sobreseimiento y habló de la "gravedad institucional" de la decisión de los dos jueces que "con un simple análisis dogmático", sin valorar pruebas, "devastó" años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad.  

Por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar fue en el mismo sentido y pidió que se haga el juicio. "Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral", dijo.

La Cámara también ordenó que se realice un enjuiciamiento oral en la causa por el Memorándum con Irán, en donde la ex mandataria está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA.