martes 23 de abril de 2024 - Edición Nº1966

Necochea | 25 mar 2024

24 de Marzo

Día de la Memoria: reclamo de una ley contra el negacionismo y fuertes críticas al Gobierno

En el acto central, organismos de Derechos Humanos leyeron un documento donde hicieron un repaso histórico de la gesta y desarrollo de la última dictadura militar.


Este domingo 24 de marzo, a 48 años del inicio de la última dictadura militar, los organismos de Derechos Humanos leyeron en la Plaza de mayo, en el marco de una multitudinaria convocatoria, un documento conjunto en el que expresaron fuertes críticas al rumbo de la política económica del Gobierno nacional y reclamaron enfáticamente una ley contra el negacionismo.

"Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas", indicó el documento.

"Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras. Repudiamos los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y exigimos su inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público", apuntaron los representantes de los organismos.

 

 

De igual modo, destacaron las políticas de derechos humanos impulsadas hace dos décadas por el entonces presidente Néstor Kirchner. El documento destacó además la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los juicios realizados contra los represores.

"Un día como hoy, hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar y luego, en la ESMA, dijo una frase que quedó grabada en el corazón del pueblo argentino: 'Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades'", subrayó el texto.

"Con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reiniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles", recalcó el documento.

Y sumó: "Desde entonces, han pasado 18 años: más de 1.100 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en más de 300 sentencias. Pero, lamentablemente, sólo una de cada tres está firme por las dilaciones del Poder Judicial, que también existen en el desarrollo de los juicios".

El texto recordó también al sacerdote Carlos Mugica, de cuyo asesinato se cumplen 50 años, y resumió parte del contexto histórico en el que se gestó la última dictadura argentina y de otros países de América Latina.

"El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo. Esta represión incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con el pueblo. Uno de ellos fue el Padre Carlos Mugica, a quien recordamos a 50 años de su martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia socia", precisó el texto.

Terminando, también invitó a reflexionar sobre el rumbo económico actual del gobierno, en relación con el de la década del '70, impulsado por el gobierno militar y reclamó por el "hambre" de las mayorías. Asimismo, subrayó en varios pasajes que los desaparecidos son 30.000, número consensuado históricamente, que actualmente desde sectores del Gobierno se pone abiertamente en debate.

 

 

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