El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación del Gobierno tras una auditoría del Ministerio de Capital Humano que reveló que cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal eran "inexistentes", y en uno de ellos, incluso, funcionaba un barrio privado.

Según el dictamen al que accedió el medio nacional Infobae, el agente público pidió una serie de informes para esclarecer quiénes eran los funcionarios responsables de esos controles, por lo que se busca determinar la identidad y participación de todas las personas con implicancia, entre ellas funcionarios públicos de la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias y el Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023.

Pero además González advirtió que "se investigará a los particulares que hubieran actuado en connivencia a los fines de desviar los fondos públicos del Estado Nacional en forma penalmente relevante", según se desprende del dictamen.

El lunes pasado, el mismo día en que -en otra causa- la Justicia realizaba una treintena de allanamientos en una investigación contra piqueteros por extorsión y amenazas, la ministra de Capital Humano presentó una denuncia por defraudación y abuso de autoridad a raíz de una serie de auditorías sobre comedores y merenderos.

Se habló de "falta de control". En esos relevamientos se aseguró que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos. Por sorteo el caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal González.

El fiscal pidió la digitalización de todos los expedientes administrativos denunciados como irregulares y solicitó "la nómina del personal responsable del control" en el área a cargo de controlar los comedores comunitarios, "que prestaron y/o prestan funciones en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, desde su creación en el mes de julio de 2020 hasta diciembre de 2023, como así también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Desarrollo Social".

También solicitó los datos del personal del Ministerio que efectúo las auditorías en cuestión y que estuvieran al tanto del procedimiento de registración de los comedores o merenderos en el RENACOM, a los fines de poder dar testimonio en la investigación.

De acuerdo a la denuncia, el 8 de enero de 2020 se creó el plan nacional "Argentina contra el hambre" para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población, con especial atención a los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, apoyándose en el "Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional" y todo otro programa y/o dispositivo institucional que se complemente y/o tenga como finalidad última brindar respuesta a dicha problemática.

Seis meses después, se creó el "Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM)" para la selección de merenderos, buscando la "transparencia de asignación de recursos públicos". Allí se fijaba un sistema de validación de los comedores por pasos que fueron resumidos de la siguiente manera: a) pre-inscripción; b) validación y c) matriculación. Los comedores matriculados son aquellos que supuestamente fueron inspeccionados y habilitados por la autoridad competente para operar durante dos años. Una vez finalizado dicho plazo, debe ser revalidado.

El Ministerio de Capital Humano resaltó que "las auditorías internas realizadas, y las que aún se encuentran en pleno desarrollo, permitieron establecer, ante la falta de actas de control y/o documentación al respecto, que las autoridades de la administración anterior no controlaron los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales de 'ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE'".

Destacó también, que los comedores y merenderos del RENACOM "gestionan miles de millones de pesos en alimentos que provienen de diversos programas sociales". La denuncia agregó que desde el mes de enero a la fecha se han dispuesto inspecciones a comedores pre-inscriptos lo que arrojó, "a su criterio, resultados impactantes".

En esa línea, dice la denuncia, "sólo pudo relevarse casi la mitad de los comedores registrados (52,3%), y que de ese total, el 20% aproximadamente, es financiado por el Estado Nacional". En cuanto al 47,7 % restante, se establecieron distintas falencias, como ser: "El 32 % no funciona como tal, el 25% de los datos de la pre-inscripción no coinciden con la información real (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y el resto, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero".

El fiscal citó a la funcionaria de Legales del Ministerio para el próximo lunes a los fines de ratificar la denuncia y presentar toda la documentación de la auditoría, señalaron las fuentes judiciales.