En el marco del escándalo de corrupción por la asistencia alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Capital Humano de la Nación presentó ante la Justicia una lista de 1607 comedores y merenderos que "no pudo certificar", un número que representa cerca de la mitad de los 3.385 establecimientos que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo.

El fiscal Ramiro González investiga si los referentes de las organizaciones que los administraban siguen recibiendo los alimentos o el dinero a través del programa "Alimentar Comunidad", así como a los funcionarios que debían controlar que la comida llegue a los comedores.

De esta manera, las organizaciones sociales a las que les pertenecían estas entidades y que quedaron implicadas son el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.

El 47,5% de los 3.385 comedores o merenderos que relevó el Gobierno nacional no existen.

En rigor, la cartera que conduce Sandra Pettovello, había denunciado en una primera instancia que había una inexistencia de 1.201 comedores, pero la cifra creció. La verificación de la dependencia nacional indica que sí se acreditaron 1.766 comedores; esto representa el 52,2% de los comedores visitados de manera personal, mientras que otros 12 lugares, el 0,4%, volverán a ser auditados.

Desde el Ministerio explicaron que a esos comedores y merenderos asisten a 240.370 personas, un promedio de 163 beneficiarios por local. Además, en la denuncia se muestra como el Polo Obrero fue la organización social que más alimentos recibió en 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández: 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron entre 44 entidades.

Ante este hecho, la Subsecretaria Legal de Capital Humano afirmó ante el Fiscal Federal que todo ese entramado "pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables".

En esta línea, la abogada Gianni afirmó ante la Fiscalía Federal que de la investigación de Capital Humano "surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas 'Argentina contra el Hambre'".

Cabe señalar que el agente general del Ministerio Fiscal también investiga los presuntos delitos "de defraudación contra la administración pública" e "incumplimiento de deberes de funcionario público". Y el objetivo principal de la Justicia es determinar la identidad y participación de todas las personas que resulten responsables del hecho.