El reclamo se desglosa en $4.670 millones de capital y otros $ 4.000 millones en concepto de intereses y costas, correspondientes a una deuda por el suministro de energía eléctrica que la UPC no ha saldado a CAMMESA. La acción judicial busca que la cooperativa abone la suma adeudada en un plazo de 8 días o se enfrentarán a la posibilidad del remate de sus bienes.

El documento judicial establece que si la UPC no realiza el pago en el acto o no presenta excepciones en el plazo previsto, se procederá con la ejecución forzosa, lo que podría desencadenar en el remate de activos de la cooperativa.

Este conflicto entre la UPC y CAMMESA se ha agravado en los últimos meses, generando preocupación entre los usuarios y socios de la cooperativa, quienes temen que la deuda repercuta en el servicio de energía y en posibles aumentos tarifarios o que las sobrestimación de facturas exorbitantes tenga que ver con el reclamo de CAMMESA.

La magnitud de la deuda pone en tela de juicio la gestión de los recursos de la cooperativa y despierta interrogantes sobre el destino de los fondos que debieron haber sido utilizados para pagar a CAMMESA, como así también interpela respecto de a dónde va a parar lo recaudado en concepto de cuota capital, un cuestionado concepto que en los últimos tiempos se ha incrementado sideralmente. 

¿Dónde fueron a parar esos fondos adeudados?